Complicidad en las empresas fantasma, su red de malversación financiera y desvíos por 34 mil millones de pesos detectados al gobierno de Veracruz por la Auditoría Superior de la Federación, entre los temas que deberá aclarar la justicia mexicana con la captura del exgobernador de Veracruz.
Israel Roldán
(Un texto publicado originalmente en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)
Javier Duarte deberá enfrentar en México —una vez resuelto su juicio de extradición en Guatemala— la presunta comisión de los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Delincuencia Organizada, así como por obstaculizar las elecciones de Veracruz.
Por estos delitos, las autoridades mexicanas mantienen dos órdenes de aprehensión en contra del exmandatario veracruzano, capturado la noche del sábado en un sitio turístico de Panajachel, del guatemalteco Departamento de Sololá.
Con la captura del exgobernador, la Procuraduría General de la República tendrá que aclarar esos y otros señalamientos de corrupción que pesan en contra del veracruzano.
Las empresas fantasma
Entre 2012 y 2013, cuatro dependencias del gobierno de Veracruz desviaron 645 millones de pesos mediante 73 contratos entregados a 21 empresas fantasma para la compra de productos a población vulnerable que nunca llegaron a su destino. Este caso fue revelado por el portal Animal Político en mayo de 2016, y que contó para ello con apoyo financiero de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Por estos hechos fue liberada una orden de aprehensión el 13 de octubre de 2016 por un Juez de Distrito Especializado en contra de Duarte, derivada de la causa penal número 97/2016, en la que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la PGR lo acusa de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Delincuencia Organizada.
El mecanismo para desviar recursos del erario veracruzano se repitió en 2014 con 503 millones de pesos de 12 dependencias distintas mediante 19 empresas fantasma.
Entre los ex funcionarios duartistas señalados por facilitar los contratos entre 2012 y 2014 figuran algunos diputados federales en funciones: Adolfo Mota Hernández, Alberto Silva Ramos, Tarek Abdalá Saad, Noemí Guzmán Lagunes y Édgar Spinoso Carrera.
Sólo Tarek enfrenta un Juicio de Procedencia en la Cámara de Diputados a solicitud de la Fiscalía General de Veracruz por peculado, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos durante su cargo como tesorero en el gobierno de Duarte.
Respuestas al SAT
Derivado de las denuncias públicas por las empresas fantasma, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició las investigaciones en las dependencias del gobierno de Veracruz involucradas en la entrega de recursos sin contratos.
Un documento en poder de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revela que por el desvío de recursos de 2014, la oficina de Administración Central de Fiscalización Estratégica investigó la facturación de una docena de dependencias que entregaron 503 millones de pesos a 19 empresas fantasma por difundir las actividades del gobierno de Duarte.
Ese año, Alberto Silva Ramos, actual diputado federal, se desempeñó en la Coordinación General de Comunicación Social, oficina responsable de la difusión de las obras y acciones de la administración.
Delitos electorales
La segunda orden de aprehensión contra el ex mandatario del PRI fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade) el 8 de marzo pasado.
Se le acusa por su probable participación en la obstaculización de las labores públicas de los funcionarios electorales del estado que gobernó, al negar los recursos económicos necesarios para desarrollar adecuadamente el funcionamiento electoral en esa entidad.
De acuerdo con el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, Duarte puso en riesgo el proceso electoral de Veracruz en 2016 en el que se eligió gobernador y se renovó el Poder Legislativo del estado.
Rendir cuentas a la ASF
El 19 de febrero de 2016, el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, declaró que en el gobierno de Javier Duarte se estaban configurando delitos como el desvío de recursos que podían llevar, inclusive, al gobernador de Veracruz a la cárcel.
“Ojalá (toque cárcel a Duarte), pero no podría yo decirlo, o sea, no estoy augurando nada pero es cosa del Ministerio Público-Procuraduría. Las denuncias están ya en proceso”, afirmó en el noticiario radiofónico Contraportada de Radio Fórmula.
Apenas el 15 de febrero pasado, al presentar el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación reveló que el gobierno de Duarte mantenía observaciones pendientes por solventar de 2011 al 2014 por 27,503 millones de pesos.
El Informe de ese año también documentó irregularidades en 7,704.3 millones de pesos. En total, 34,057 millones de pesos que ahora Duarte tendrá que aclarar uso y destino a la ASF.
Contratos a empresas farmacéuticas
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político documentó que un grupo de empresarios vinculados al diputado federal veracruzano del PRI, Jorge Carvallo Delfín, simulaban competir entre ellas para repartirse contratos millonarios de la Secretaría de Salud de Veracruz por suministro de medicamentos.
Carvallo fue un personaje clave en la segunda mitad del sexenio de Javier Duarte, primero en la Secretaría Particular del Gobernador (2013) y después como secretario de Desarrollo Social (2014).
Antes, en 2010, fue su interlocutor con el Congreso del Estado al presidir la Junta de Coordinación Política hasta el 2012 cuando pidió licencia para separarse del cargo y coordinar en Veracruz la campaña del entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto.
Las empresas farmacéuticas con vínculos a Carvallo son Suministros Maxbec, Lidmed SA de CV, Grupo Empresarial Heberen, Oncopharma, Sociedad Comercializadora Especialidades Médicas, y Labbsa quienes, de acuerdo con el gobierno de Miguel Ángel Yunes, obtuvieron contratos irregulares por 109 millones de pesos.
Las empresas desaparecieron de los domicilios fiscales registrados ante la Secretaría de Salud después de ganar o adjudicarse las licitaciones.
Aunque Yunes acusó que las mismas empresas suministraron quimioterapias clonadas para niños con cáncer, una investigación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) concluida el 1 de febrero pasado descartó esos señalamientos, aunque sí detectó anomalías en la compra-venta de pruebas rápidas para detección de VIH.
¿Quiénes permitieron su huida?
El 12 de marzo pasado Flavino Ríos Alvarado, quien asumió la gubernatura interina el 12 de octubre de 2016, fue detenido por policías ministeriales de Veracruz por los presuntos delitos de encubrimiento, tráfico de influencias y abuso de autoridad.
El gobierno de Miguel Ángel Yunes lo denunció penalmente por haber facilitado a Duarte un helicóptero del gobierno estatal para huir tras solicitar licencia al cargo.
Ríos fue vinculado a proceso por el Juzgado Segundo del Distrito Judicial de Pacho Viejo, en Veracruz, por lo que deberá permanecer en prisión durante un año, aunque un problema de salud lo condujo a un hospital privado y después a su residencia, en donde enfrenta arresto domiciliario.
8,548 millones a medios en 5 años
Entre el 2011 y 2016, el gobierno de Javier Duarte facturó 8,548 millones de pesos con diversos medios de comunicación, algunos fantasma.
El pasado 28 de diciembre el gobierno de Veracruz anunció una investigación en contra de dos voceros de su antecesor: María Gina Domínguez Colío y Alberto Silva Ramos, ambos personajes del primer círculo de confianza del ex mandatario.
Domínguez Colío se desempeñó como vocera del ex gobernador Duarte desde el 1 de diciembre de 2010 hasta el 20 de febrero de 2014.
Alberto Silva la sustituyó y dejó el cargo en 2015 para contender por una diputación federal por el PRI. Después de algunos meses como legislador solicitó licencia para volver a la Coordinación General de Comunicación Social hasta principios de octubre de 2016.
Algunas de las empresas “periodísticas” a las que se hicieron pagos y no existen son Servicios de Estrategia y Comunicación, Gman Smart Business, Promoción y Comunicación, Servicios Integrales de Mercadotecnia, Comercializadora JISAR, Saervizios Oktagonales, Merca Carrey y Mogarver.
El SAT confirmó que se trata de empresas fantasma, como documentó el sitio de noticias Animal Político en investigaciones periodísticas realizadas en 2016.