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Alto Lucero: criminales se apoderan de producción lechera
Cuando el 1 de enero de 2014 Félix Manuel Domínguez Lagunes asumió la Presidencia municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios no imaginó la jornada violenta que sufriría ese sitio la tarde del viernes 19 de agosto pasado.
Desde aquel día prometió a los alteños “Transformación y desarrollo para ti”, una serie de compromisos que quedaron plasmados en su Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2014-2017 entregado a la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura.
Durante su campaña, el priista —de profesión médico veterinario zootecnista— realizó un diagnóstico de seguridad pública en ese municipio.
En su PMD reconoció la urgencia de emprender acciones para disminuir los niveles de inseguridad.
Como alcalde instrumentó el programa Habitante Seguro, estrategia con la que se profesionalizaría a la Policía Municipal, se diseñaría un modelo de vigilancia y patrullaje para reducir los tiempos de respuesta ante llamados de emergencia y denuncias ciudadanas.
Además —de acuerdo con el documento rector de su gobierno— Félix Manuel Domínguez Lagunes anticipó al iniciar su administración que gestionaría los esquemas de cooperación con los cuerpos policiales de los niveles de gobierno estatal y federal “para sumar fuerzas en el combate a la delincuencia”.
Páginas consultadas del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017
El viernes anterior nada de lo prometido por el priista ocurrió. Pasadas las 16:00 horas irrumpió un convoy de sujetos armados en Alto Lucero —cuya cifra es inexacta aún— a bordo de por lo menos 12 vehículos.
Los pobladores advirtieron de su presencia en tres localidades, La Báscula, Ojital y El Limón, de donde fueron privados de la libertad siete hombres y una mujer.
Demorada acción de las fuerzas de seguridad
La Báscula, Ojital y El Limón son tres de las 138 localidades pertenecientes al municipio Alto Lucero de Gutiérrez Barrios.
Cada una de éstas están enclavadas en la región montañosa central del estado. Limitan con los municipios Juchique de Ferrer, Vega de Alatorre, Palma Sola, Actopan, Naolinco, Tepetlán y Chiconquiaco.
De ahí que la captura de los responsables no fue inmediata sino hasta 24 horas después, cuando sólo siete —algunas crónicas periodísticas refieren hasta 50 hombres— de los que participaron en los crímenes del viernes intentaban salir de esa zona.
La vigilancia y patrullaje de la Policía Municipal de Alto Lucero está prácticamente reducida a la cabecera municipal.
Los primeros elementos de seguridad arribaron a El Limón, el último de los lugares en los que los criminales cometieron los “levantones”, al menos 90 minutos después.
Entre la comunidad El Limón y el sitio en el que las fuerzas armadas y de la Secretaría de Seguridad Pública hallaron los cuerpos, conocido como Mesa de Veinticuatro, hay alrededor de 6 kilómetros de distancia.
El grupo criminal abandonó ahí a las personas ejecutadas y huyó hacia la carretera federal costera 180 que conecta con Laguna Verde y Palma Sola.
Por la orografía del municipio —apenas tres localidades son urbanas y el resto rurales— ningún operativo castrense ni policial permitiría la captura de los criminales.
Productores lecheros alteños, ahorcados por extorsiones
En los últimos años la producción lechera en Alto Lucero y sus comunidades floreció con los beneficios de programas federales de Liconsa, al mismo tiempo en que esa actividad se vio amenazada por las extorsiones del crimen organizado.
A 19 kilómetros de ahí, en Palma Sola se ubica un centro de acopio de la Dirección de Producción de esa dependencia federal que mantiene a 126 productores organizados e independientes en su Registro Nacional de Productores de Leche (RNPL).
De acuerdo con la base de datos de la Subdirección de Maquila y Compra de Leche Nacional de Liconsa —cuya reserva de la identidad de beneficiarios mantenemos por seguridad—, entre los más beneficiados figuran los productores de Mesa de Veinticuatro y El Limón.
Víctimas de criminales productores de leche
Testimonios de pobladores de Alto Lucero aseguran que entre las ocho víctimas del viernes había algunos productores de leche y queso.
En las fotografías divulgadas en medios de comunicación se ven a las víctimas con calzado y vestimenta utilizada para esa actividad.
Poderes opacos; transparencia en riesgo
Tan amigos, Javier Duarte y Roberto Borge, gobernadores de Veracruz y Quintana Roo, al final de sus sexenios enseñan reticencia a la rendición de cuentas con artimañas jurídicas que complican el acceso a la información pública.
Vaya casos de ambos priistas. El 29 de julio pasado el mandatario quintanarroense publicó en el Periódico Oficial del Estado la extinción de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo de esa entidad.
Según aquel gobierno, el órgano descentralizado no desapareció sino que se transfirió a la Secretaría de la Gestión Pública como una Coordinación, conforme lo mandata la nueva Ley General de Transparencia.
Detrás de esa decisión del gobierno de Roberto Borge hay —al menos— muchas sospechas de opacidad, sobre todo cuando en el último tramo de su administración intenta de todo para blindarse por los actos de corrupción de los que se le acusa.
Para contextualizar habría que recordar las revelaciones periodísticas de julio pasado del Grupo Expansión, en alianza con Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, sobre el saqueo de bienes institucionalizado en Quintana Roo.
Lo mismo ocurre en Veracruz, en donde los poderes Ejecutivo y Legislativo asoman su marcado interés por detener la transparencia en la administración pública.
El Legislativo porque, además de aprobar con retraso la armonización de la ley estatal en esa materia, lo hicieron con 70 modificaciones a la iniciativa original consensuada entre el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Pero no sólo eso, sino que además contravinieron a la Ley General de Transparencia en algunos aspectos, como la reserva de información sobre auditorías oficiales, lo que la pondría en la antesala de una acción de inconstitucionalidad promovida por el propio INAI.
En el Ejecutivo también cargan con el mismo interés por rezagar la rendición de cuentas, pues el remedo de ley aprobada desde el 26 de mayo no ha sido publicada en la Gaceta Oficial del Estado.
Cosa aparte es el congelamiento del procedimiento para elegir a uno de los comisionados del IVAI, cargo vacante con la salida de Fernando Aguilera de Hombre del Consejo General.
Desde el mismo 23 de junio pasado, un día después de vencerse el plazo de registro de aspirantes al IVAI, la Junta de Coordinación Política del Congreso local tendría cinco días naturales para revisar la documentación de los aspirantes a deliberar y elaborar un dictamen con la propuesta de la persona a ocupar el cargo mediante la aprobación, por mayoría calificada, condición que no ha ocurrido.
Por estos días, tanto la publicación de la nueva Ley de Transparencia de Veracruz como la designación del comisionado reposan en la congeladora de ambos poderes.
Rezagan la transparencia, dañan al IVAI, condicionan la rendición de cuentas y convierten a los ciudadanos en enclenques sujetos entusiasmados por exigirle cuentas a sus gobiernos.
Encima de todo hostigan a quienes asumen el intento de ciudadanizar a las instituciones, como a una de las aspirantes a comisionada, la periodista Naldy Patricia Rodríguez, quien por los flancos del Ejecutivo y el Legislativo recibe presiones para frenar sus colaboraciones en medios locales y desistirse de participar.
Para profundizar en el tema de la transparencia y acceso a la información hemos preparado un par de entrevistas que puedes consultar en el sitio de www.marcha.com.mx.