La LXIII Legislatura de Veracruz y sus diputados, en un momento de reflexión y conciencia, tuvieron que sentirse aludidos cuando el congresista Ricardo Ahued Bardahuil gritó en tribuna “¡Ya basta de transas y ya basta de ladrones”.
Lo hizo durante la sesión del Congreso de este jueves al terminar de presentar un anteproyecto de punto de acuerdo, elaborado por un grupo de pensionados, para exigirle al Ejecutivo el puntual pago de sus pensiones que cada mes deben mendigar ante la insensibilidad a las súplicas del gobernador Javier Duarte.
Pero los diputados veracruzanos del PRI no lo hicieron, no sintieron la alusión y hasta enseñaron que son buenos para el oportunismo.
En víspera de que su correligionario de bancada —que se ha distinguido por votar en contra de las iniciativas del gobernador— formulara el pronunciamiento, los priistas y sus aliados del PVEM, Panal y los dizque “independientes” votaron con mayoría el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Estatal del Servicio Público de Carrera del gobierno de Veracruz.
La aplanadora legislativa permitirá a Javier Duarte afectar todavía más las finanzas del estado que dejará de gobernar el 1 de diciembre próximo o quizá antes si algo ocurre.
El Decreto autoriza al Ejecutivo basificar a 7 mil burócratas, una condición que puede sonar justa hasta que se interpela al tipo de burocracia que recibirá ese beneficio.
La basificación será para los “trabajadores o servidores públicos de confianza de mando medio o superior” (de subdirectores para arriba), según se lee en la Gaceta Legislativa circulada durante la sesión.
La obviedad acompaña al Decreto aprobado en el Congreso local: lo que intenta Javier Duarte es impedir que el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, asuma el mandato constitucional el próximo 1 de diciembre con libertad de maniobra para rastrear el indebido ejercicio de la función pública.
Además, el mismo Yunes Linares ha dicho que Duarte y su grupo de diputados dieron otra puñalada más a Veracruz, pues por esa disposición se deberán destinar mil 500 millones de pesos anuales más para la burocracia, versión que fue refutada desde el gobierno.
Nada de esto motivó a los priistas y aliados que con 29 votos a favor sacaron adelante el Decreto del Ejecutivo, esos mismos que como “rémoras” —así los llamó Yunes Linares—, cuando escucharon los aplausos que se llevó el diputado del PRI Ricardo Ahued por el pronunciamiento subsecuente, se colgaron del punto de acuerdo, al suscribirlo de manera abierta en la sesión, para exhortar al gobierno el pago puntual de las pensiones.
No se podía esperar otra cosa de estos legisladores que de acuerdo al Informe Legislativo 2016, elaborado y presentado hace unas semanas por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), apenas alcanzan el promedio nacional en cuanto a desempeño.
Son legisladores sometidos al Poder Ejecutivo que en 2015 les presentó 27 iniciativas, de las cuales 25 fueron aprobadas por los diputados.
La Legislatura de Veracruz es la cuarta con mayor presupuesto (de los 31 congresos y una asamblea legislativa) del país con 670 millones de pesos para 2016.
Sólo la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (mil 820 millones de pesos); y los congresos del Estado de México (mil 404 millones de pesos) y de Jalisco (691 millones de pesos) recibieron más recursos para el desempeño de sus diputados este año… y ni así los congresistas locales del PRI consideraron el daño inmediato a las finanzas de la entidad.
Israel Roldán / Twitter @israel_roldan / FB Israel Roldán
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