Tan amigos, Javier Duarte y Roberto Borge, gobernadores de Veracruz y Quintana Roo, al final de sus sexenios enseñan reticencia a la rendición de cuentas con artimañas jurídicas que complican el acceso a la información pública.
Vaya casos de ambos priistas. El 29 de julio pasado el mandatario quintanarroense publicó en el Periódico Oficial del Estado la extinción de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo de esa entidad.
Según aquel gobierno, el órgano descentralizado no desapareció sino que se transfirió a la Secretaría de la Gestión Pública como una Coordinación, conforme lo mandata la nueva Ley General de Transparencia.
Detrás de esa decisión del gobierno de Roberto Borge hay —al menos— muchas sospechas de opacidad, sobre todo cuando en el último tramo de su administración intenta de todo para blindarse por los actos de corrupción de los que se le acusa.
Para contextualizar habría que recordar las revelaciones periodísticas de julio pasado del Grupo Expansión, en alianza con Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, sobre el saqueo de bienes institucionalizado en Quintana Roo.
Lo mismo ocurre en Veracruz, en donde los poderes Ejecutivo y Legislativo asoman su marcado interés por detener la transparencia en la administración pública.
El Legislativo porque, además de aprobar con retraso la armonización de la ley estatal en esa materia, lo hicieron con 70 modificaciones a la iniciativa original consensuada entre el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Pero no sólo eso, sino que además contravinieron a la Ley General de Transparencia en algunos aspectos, como la reserva de información sobre auditorías oficiales, lo que la pondría en la antesala de una acción de inconstitucionalidad promovida por el propio INAI.
En el Ejecutivo también cargan con el mismo interés por rezagar la rendición de cuentas, pues el remedo de ley aprobada desde el 26 de mayo no ha sido publicada en la Gaceta Oficial del Estado.
Cosa aparte es el congelamiento del procedimiento para elegir a uno de los comisionados del IVAI, cargo vacante con la salida de Fernando Aguilera de Hombre del Consejo General.
Desde el mismo 23 de junio pasado, un día después de vencerse el plazo de registro de aspirantes al IVAI, la Junta de Coordinación Política del Congreso local tendría cinco días naturales para revisar la documentación de los aspirantes a deliberar y elaborar un dictamen con la propuesta de la persona a ocupar el cargo mediante la aprobación, por mayoría calificada, condición que no ha ocurrido.
Por estos días, tanto la publicación de la nueva Ley de Transparencia de Veracruz como la designación del comisionado reposan en la congeladora de ambos poderes.
Rezagan la transparencia, dañan al IVAI, condicionan la rendición de cuentas y convierten a los ciudadanos en enclenques sujetos entusiasmados por exigirle cuentas a sus gobiernos.
Encima de todo hostigan a quienes asumen el intento de ciudadanizar a las instituciones, como a una de las aspirantes a comisionada, la periodista Naldy Patricia Rodríguez, quien por los flancos del Ejecutivo y el Legislativo recibe presiones para frenar sus colaboraciones en medios locales y desistirse de participar.
Para profundizar en el tema de la transparencia y acceso a la información hemos preparado un par de entrevistas que puedes consultar en el sitio de www.marcha.com.mx.
