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Cuando en enero de 2011 el maestro Luis Fernando Perera Escamilla asumió la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pocos imaginaron que su desempeño sería tan desastroso.
No lo imaginaron porque se trataba de un perfil que encajaba para un inmejorable ombudsman. Después de Noemí Quirasco Hernández, su antecesora, no podía haber uno peor al frente de la CEDH, pero Perera la superó.
Antes de su nombramiento Luis Fernando Perera Escamilla se había desempeñado como visitador nacional de la CNDH, que no cualquiera.
En el plano profesional figuró por la defensoría legal del sacerdote Rafael Muñiz López, alias Lobo Estepario, capturado, preso y después liberado, en 2009, por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, acusado del delito de pornografía infantil. Durante su postulación se le criticó, inclusive, por sus fuertes vínculos con la iglesia católica.
Ya designado por el Congreso del Estado, particularmente por la aplanadora priista que encabezaba Jorge Carvallo Delfín, Perera Escamilla siempre se mostró como un empleado más del Ejecutivo. Al carajo echó la autonomía de la CEDH.
No se trata de apreciaciones individuales, sino de las organizaciones no gubernamentales, particularmente de aquellas defensoras de los derechos humanos.
Perera convirtió a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en una comparsa del gobernador. No hubo mediación destacada o, al menos, decorosa, en los casos más mediáticos por violación de las instituciones del estado a las garantías ciudadanas en los últimos cuatro años, los que él estuvo al frente.
De ahí que fue exhibido por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos en distintos asuntos.
Uno de ellos fue en 2004, cuando el cantante Gibrán David Martiz, reconocido por su participación en el reality La Voz México, fue levantado por la Policía Estatal, desaparecido y después hallado muerto en la carretera Huatusco-Conejos.
Ante la inanición de la CEDH, los padres de Gibrán acudieron ante la CNDH, acción que derivó en la Recomendación número 14/2015 al gobernador Javier Duarte, por la detención arbitraria y desaparición forzada de Gibrán David Martiz y dos jóvenes más.
Ya ni qué decir sobre la actuación de la comisión de Perera en los casos de los periodistas veracruzanos asesinados, golpeados y/o desplazados por su ejercicio profesional.
El maestro Luis Fernando Perera está a unos días de abandonar la CEDH y se irá con poco decoro, por la puerta de atrás. Previo a la Navidad la CNDH les metió otra cuña. Tuvo que ser el organismo nacional el que interviniera con dureza en el caso de las personas jubiladas y pensionadas agredidas por fuerzas del orden en Xalapa.
En una comunicación oficial, la Comisión anticipó que solicitaría “información oficial a los actores involucrados en los hechos a fin de integrar el expediente de queja y, en su momento, emitirá el pronunciamiento que conforme a Derecho corresponda”.
El pasado viernes concluyó el registro de aspirantes ante el Congreso local para presidir la CEDH. Perera no figura, no decidió buscar relegirse –para bien de todos—, sabedor del papel desastroso en estos cuatro años en los que enterró cualquier reducto de credibilidad que tenía ese organismo público autónomo.
Esa es la buena noticia. La mala es que cuatro son los tiradores al relevo, Namiko Matzumoto, Rafael Ortiz Castañeda, Enrique Córdoba del Valle y Martín Rafael Marín Marín. Y de entre ellos se perfila otra aliada del duartismo, la inoperante secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas.
(Columna Nada Personal que publica el periódico MARCHA)