Si bien el mandatario abandonó de facto al gobierno después de sufrir el descalabro electoral del 5 de junio —ya no asiste a eventos oficiales como a la inauguración del complejo petroquímico Etileno XXI en Nanchital del 22 de junio pasado, un proyecto que presumió como propio—, lo que vendría en las próximas semanas podría ser un asunto mayúsculo: Javier Duarte ya no es sostenible en el gobierno.
Y es que lo ocurrido en el Congreso del Estado no es tal vez lo más importante pero por ahí hay que comenzar.
Lo que en otros tiempos habría sido una sesión sin contratiempos, con aprobación fast track a cada una de las iniciativas enviadas por el gobernador, ésta vez no se consiguió.
Los diputados del PRI y sus aliados salieron al pleno con tres horas de retraso a lo programado, primer síntoma de los desencuentros de algunos integrantes de la bancada con su aún jefe político.
La orden del día concentraba la discusión en los numerales XI y XII referentes a los dictámenes con proyecto de acuerdo para autorizar al Ejecutivo enajenar a título gratuito diez inmuebles a favor del IPE; y Casa Veracruz para la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (Ceapp) y a la Comisión Estatal para la Atención Integral de Víctimas del Delito (Ceaivd).
El numeral XVI abordaba la propuesta de Javier Duarte para el nombramiento de los tres magistrados de la Sala Anticorrupción.
Los dos primeros asuntos se retiraron de la orden del día a solicitud de los integrantes de la Comisión de Hacienda por motivos sin mayor peso.
En el caso del tercero, los diputados del PRI reventaron la sesión con sus ausencias, obligados por no conseguir los 34 votos que necesitaban para aprobar la terna de magistrados, lo que motivó a la presidenta del Congreso Octavia Ortega Arteaga a declarar la falta de quorum y la suspensión.
Pero en las horas previas en la Ciudad de México ocurría quizá lo que más empuja a Javier Duarte al vacío político.
En la sede nacional del PAN, el presidente del partido Ricardo Anaya y el gobernador electo de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares anunciaron la estrategia para impedir el “kit de impunidad” que pretende Duarte.
La conducirán por dos vías, la política y la legal: si el gobierno federal no interviene en el caso Veracruz y no conmina al mandatario para dejar el cargo, entonces iniciarán juicio político en su contra (otro más) en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión de septiembre.
La exigencia podría sonar como un tema mediático si no fuera porque Ricardo Anaya está en condiciones de negociar cualquier asunto con el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El 5 de junio el PAN de Anaya ganó siete gubernaturas; en toda la historia de ese partido había obtenido cuando mucho tres en una misma jornada comicial. Ni cuando el blanquiazul ocupaba la Presidencia de la República gobernó 11 entidades de manera simultánea como ahora lo hará. 40 millones de mexicanos serán gobernados por Acción Nacional.
Esos números ponen al llamado “joven maravilla” en una posición espléndida para pedirle al gobierno federal, si no al Presidente será al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, que Duarte se vaya con el argumento de que sólo así puede perfilarse una transición ordenada y pacífica en Veracruz.
Razones hay suficientes. El gobernador Duarte es insostenible… y además de todo trasgresor de la ley electoral como lo dictaminó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al calificar que el mandatario participó en actos partidistas en días hábiles durante el proceso.
Pareciera que en Los Pinos, o tal vez en Bucarelli, están obligados a frenar el desenfreno de Javier Duarte.
Israel Roldán / Twitter @israel_roldan / FB Israel Roldán