Una declaración divulgada la tarde de este martes retrata por sí sola a Javier Duarte —y pido dispensa por el adjetivo que utilizaré—: Veracruz tiene un gobernador vapuleado por la Presidencia de la República.
La revelación que el excandidato del PRI a la gubernatura Héctor Yunes Landa hizo al periodista Ramsés Yunes Zorrilla en su noticiario radiofónico de Uninoticias del 88.9 de frecuencia modulada no es cosa menor (y aunque no tocaba elaborar texto para el blog Buscando Chivaswww.gazapodelaredaccion.wordpress.com bien vale hacer un alto en la carretera).
El periodista peroteño le recetó la pregunta a Yunes Landa:
—Fíjese que ya le contestó en Twitter el gobernador y le pone textualmente: “Héctor: Yo gané contra el mismo adversario, en tu campaña respeté tu estrategia no esperes un resultado distinto si sigues haciendo lo mismo”. Eso le pone en Twitter.
—Lo leí. Pero mira, no tiene caso contestarle, tiene tiempo para estar haciendo esas cosas; ojalá pudiera hacer cosas constructivas; ojalá saliera de Casa de Gobierno donde está encerrado todo el tiempo en chanclas y en short, de camiseta o playera, que pudiera los últimos meses hacer algo. Ahorita lo mejor es que prepare su solicitud de licencia y que se vaya. Me da mucha pena que se dedique este personaje a estar haciendo estas cosas; lo que él debiera decir ahí (en Twitter) es que el resultado que le favoreció es porque tenía un gobernador con 80 por ciento de popularidad que lo apoyó y ganó.
Aunque Buscando Chivaswww.gazapodelaredaccion.wordpress.com ni este reportero pudo comprobar de manera independiente si el gobernador luce así dentro de Casa Veracruz, ya son muchos los actores políticos que coinciden en que Duarte presume con mucha regularidad ese outfit cuando despacha en el confort de la residencia de la colonia Dos de Abril en Xalapa.
Israel Roldán / Twitter @israel_roldan / FB Israel Roldán
Javier Duarte pende de alfileres en el gobierno que con dificultad lo mantendrán impávido ante el tsunami político que parece lo terminará por hundir en el último tramo del sexenio.
El pasado jueves 7 de julio, mientras el líder nacional del PAN Ricardo Anaya y el gobernador electo de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares exigían al presidente Enrique Peña su intervención para frenar el “kit de impunidad” de su correligionario priista, algo más ocurrió en Campeche.
Casi de manera simultánea a la conferencia de prensa de los panistas celebrada en la Ciudad de México, en Campeche la procuradora general de la República Arely Gómez González y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong inauguraban la XXXV Asamblea Plenaria de la Confederación Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ).
En la antesala del encuentro con los encargados de la procuración de justicia en el país, Arely Gómez y Osorio Chong (enviado en representación de Peña) sostuvieron una breve interpelación ―de acuerdo a fuentes consultadas― con los presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores, Jesús Zambrano Grijalva del PRD y Roberto Gil Zuarth del PAN, respectivamente, sobre la condición de ingobernabilidad en Veracruz y el desenfreno de Javier Duarte por querer imponer a personajes de su primer círculo como magistrados de la Sala Especializada en materia de Anticorrupción y el resto de reformas planteadas al Poder Legislativo local para blindarse desde el primer día que deje de gobernar.
El empuje de liderazgos en las cámaras.
Ambos líderes de las cámaras hicieron réplica a la exigencia de Anaya ―que había anticipado buscaría a Osorio Chong― con positiva respuesta.
Casi de manera inmediata, durante la misma apertura de los trabajos de la plenaria, la Procuradora General de la República lanzó un discurso con algunas líneas casi con dedicatoria y con mucha carga de coerción que hicieron hundirse en su asiento al fiscal general del Estado Luis Ángel Bravo Contreras:
“Hoy tenemos la oportunidad de trabajar de manera conjunta para reparar los estragos que la delincuencia, la corrupción y la impunidad han dejado en la sociedad”, dijo Arely Gómez.
Luis Ángel Bravo (izquierda).
Pasaron apenas tres días de aquel encuentro en Campeche y de la exigencia de Ricardo Anaya, y vino el primer manotazo presidencial por la actuación de Javier Duarte.
En las últimas horas, desde la Residencia Oficial de Los Pinos, el vocero del Gobierno de la República Eduardo Sánchez Hernández y el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR Salvador Sandoval Silva anunciaron la promoción de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los congresos de Veracruz y Quintana Roo, y de sus gobernadores Javier Duarte y Roberto Borge, toda vez que sus reformas en materia anticorrupción se oponen a los lineamientos generales del Sistema Nacional Anticorrupción.
Manotazo desde Los Pinos.
Lo que esto significa es que en Veracruz, al igual que en Quintana Roo, el titular del Ejecutivo intentó burlar la legalidad.
De acuerdo a Salvador Sandoval, sin la publicación de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción y la de Responsabilidades Administrativas, los estados carecen aún de facultades para crear su Sistema Local Anticorrupción.
Es decir, ni Javier Duarte ni el Congreso local están en condiciones de instituir la Sala Especializada Anticorrupción, dar nombramientos en juzgados en esa materia, designar Contralor General del Estado, proponer Fiscal Anticorrupción ni magistrados
El puntapié en Los Pinos y la acción de la PGR ya demostró que el PAN de Anaya, con el empuje de los líderes de las cámaras del Congreso de la Unión, puede sacudir a cualquiera, más aún si viene acompañado de una exigencia más, la del excandidato del PRI a la Gubernatura de Veracruz Héctor Yunes Landa, quien pidió a Duarte solicitar licencia definitiva e inmediata al cargo con el que “lastimó a Veracruz”.
“Palo dado, ni Dios lo quita” —reza la conseja popular—, o lo que es lo mismo para don Javier, manotazo dado, ni tuit lo quita, por aquello de sus mensajes en la red social sobre su exhorto a la Legislatura del Estado para “declarar desierta la convocatoria para nombrar al Fiscal Anticorrupción”.
Pizca de cizaña
… Que para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo. Silva más el de la PGR (Salvador Sandoval Silva, el que anunció la acción de inconstitucionalidad) que el de Veracruz.
Israel Roldán / Twitter: @israel_roldan / FB: Israel Roldán
Señales desde el altiplano.Las múltiples manifestaciones políticas ocurridas en las últimas horas posibilitan la inferencia de que el gobernador Javier Duarte no concluirá el sexenio.
Si bien el mandatario abandonó de facto al gobierno después de sufrir el descalabro electoral del 5 de junio —ya no asiste a eventos oficiales como a la inauguración del complejo petroquímico Etileno XXI en Nanchital del 22 de junio pasado, un proyecto que presumió como propio—, lo que vendría en las próximas semanas podría ser un asunto mayúsculo: Javier Duarte ya no es sostenible en el gobierno.
Y es que lo ocurrido en el Congreso del Estado no es tal vez lo más importante pero por ahí hay que comenzar.
Lo que en otros tiempos habría sido una sesión sin contratiempos, con aprobación fast track a cada una de las iniciativas enviadas por el gobernador, ésta vez no se consiguió.
Los diputados del PRI y sus aliados salieron al pleno con tres horas de retraso a lo programado, primer síntoma de los desencuentros de algunos integrantes de la bancada con su aún jefe político.
La orden del día concentraba la discusión en los numerales XI y XII referentes a los dictámenes con proyecto de acuerdo para autorizar al Ejecutivo enajenar a título gratuito diez inmuebles a favor del IPE; y Casa Veracruz para la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (Ceapp) y a la Comisión Estatal para la Atención Integral de Víctimas del Delito (Ceaivd).
El numeral XVI abordaba la propuesta de Javier Duarte para el nombramiento de los tres magistrados de la Sala Anticorrupción.
Los dos primeros asuntos se retiraron de la orden del día a solicitud de los integrantes de la Comisión de Hacienda por motivos sin mayor peso.
En el caso del tercero, los diputados del PRI reventaron la sesión con sus ausencias, obligados por no conseguir los 34 votos que necesitaban para aprobar la terna de magistrados, lo que motivó a la presidenta del Congreso Octavia Ortega Arteaga a declarar la falta de quorum y la suspensión.
Pero en las horas previas en la Ciudad de México ocurría quizá lo que más empuja a Javier Duarte al vacío político.
En la sede nacional del PAN, el presidente del partido Ricardo Anaya y el gobernador electo de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares anunciaron la estrategia para impedir el “kit de impunidad” que pretende Duarte.
La conducirán por dos vías, la política y la legal: si el gobierno federal no interviene en el caso Veracruz y no conmina al mandatario para dejar el cargo, entonces iniciarán juicio político en su contra (otro más) en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión de septiembre.
La exigencia podría sonar como un tema mediático si no fuera porque Ricardo Anaya está en condiciones de negociar cualquier asunto con el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El 5 de junio el PAN de Anaya ganó siete gubernaturas; en toda la historia de ese partido había obtenido cuando mucho tres en una misma jornada comicial. Ni cuando el blanquiazul ocupaba la Presidencia de la República gobernó 11 entidades de manera simultánea como ahora lo hará. 40 millones de mexicanos serán gobernados por Acción Nacional.
Esos números ponen al llamado “joven maravilla” en una posición espléndida para pedirle al gobierno federal, si no al Presidente será al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, que Duarte se vaya con el argumento de que sólo así puede perfilarse una transición ordenada y pacífica en Veracruz.
Razones hay suficientes. El gobernador Duarte es insostenible… y además de todo trasgresor de la ley electoral como lo dictaminó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al calificar que el mandatario participó en actos partidistas en días hábiles durante el proceso.
Pareciera que en Los Pinos, o tal vez en Bucarelli, están obligados a frenar el desenfreno de Javier Duarte.
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La imagen que ilustra esa entrega de Casa Veracruz de Karime Macías.
Cada jueves durante un tramo amplio del sexenio de Javier Duarte, su esposa Karime Macías firmaba un ocurrente texto que la Coordinación General de Comunicación Social divulgaba como una columna titulada Casa Veracruz.
En la entrega del 31 de julio del 2014, la presidenta del Patronato del DIF estatal publicó “Rompecabezas” que iniciaba así:
“Tenemos un pequeño proyecto en casa estas vacaciones. He comprado un rompecabezas de quinientas cincuenta piezas lo suficientemente complicado para hacerle honor al nombre. La escena es una pequeña y divertida función de ópera con una loca orquesta sinfónica. ¡Muy parecida a la vida real!”.
La entradilla servía para correlacionar el entusiasmo que provocaba a sus hijos y familiares colocar una pieza más al rompecabezas con la alegría de los niños adoptados al abandonar la casa hogar…
Más allá de la anécdota contada en ese texto, habría que preguntarle a los Duarte Macías cómo ven la vida real —parafraseando a la señora Karime— que heredan a los veracruzanos. Y es que lo que pretenden al final del sexenio es cosa de locos.
Si algo distinto no ocurre, este jueves en el pleno del Congreso local los diputados del PRI y aliados aprobarán una parte del “kit de impunidad” que pretende el gobernador Javier Duarte.
La Junta de Coordinación Política de la Legislatura circuló desde este miércoles la propuesta del Ejecutivo para integrar la Sala Especializada en Combate a la Corrupción con una terna de personajes cercanos al mandatario durante el sexenio: Francisco Portilla Bonilla, Guadalupe Porras David y Alberto Tomasini Martínez.
También se anticipa que este mismo jueves, el Congreso del Estado anunciará la reposición del procedimiento para proponer al titular de la Fiscalía Anticorrupción, luego de que Portilla Bonilla declinara en un primer momento.
En la sesión además se votará la donación del predio denominado Casa Veracruz a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (Ceapp) y a la Comisión Estatal para la Atención Integral de Víctimas del Delito (Ceaivd).
De aprobarse la solicitud de Duarte, el gobierno cedería 6 mil metros cuadrados de Casa Veracruz a la CEDH.
Cada una de éstas pretensiones no tienen justificación si se revisan algunos números.
Por ejemplo, actualmente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz despacha en el edificio sito en la calle Felipe Carrillo Puerto número 21 de la Colonia Centro.
Ese inmueble tiene una superficie de mil 420 metros cuadrados (4 mil 580 menos de lo que tendría en Casa Veracruz), en donde labora un centenar de trabajadores. Para ocupar ese edificio la comisión eroga por concepto de renta mensual 51 mil 133.02 pesos IVA incluido, unos 613 mil 596.24 pesos anuales, que es apenas el 1.27 por ciento del presupuesto total que ejerce ese organismo público autónomo durante este año (48 millones de pesos).
¿En serio tiene sentido entregar Casa Veracruz? Muchos como el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares han dicho que no; también los vecinos de la Colonia Dos de Abril.
Tampoco deberían sacar adelante el resto del “kit de impunidad”.
Por eso si los diputados del Congreso local reconsideraran la enajenación de Casa Veracruz, tal vez muchos lanzarían “fanfarrias colectivas” como lo hacen los de la familia Duarte Macías cada vez que arman su rompecabezas.
Israel Roldán / Twitter: @israel_roldan / FB: Israel Roldán
