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1. DESAPARICIÓN FORZADA. Policías veracruzanos criminales. El último año del gobierno de Javier Duarte es el cerrojazo a un sexenio con una estela de actos delincuenciales con autoría de los propios cuerpos de seguridad.

El lunes 11 de enero pasado, cinco jóvenes regresaban a Playa Vicente después de pasar el fin de semana en la ciudad de Veracruz.

Policías de la Secretaría de Seguridad Pública del estado los desaparecieron en Tierra Blanca (a unos 117 kilómetros de donde eran originarios). La participación de los uniformados fue descubierta por las cámaras de videovigilancia de una tienda de autoservicio cercana a una gasolinera en la que los detuvieron.

Después de algunas semanas, la intervención en el caso de la Procuraduría General de la República (PGR) logró la captura de 13 civiles y ocho policías estatales como presuntos responsables de la desaparición de los cinco jóvenes.

Sólo fue posible identificar científicamente los restos de uno de ellos, Bernardo Benítez, hallados en el rancho El Limón, ubicado en el municipio de Tlalixcoyan, en donde las autoridades encontraron más de 3 mil fragmentos de restos humanos.

El octavo policía detenido, Rubén Pérez Andrade, confesó que los cinco jóvenes fueron entregados a integrantes de una célula del crimen organizado que opera en esa región porque sospecharon que traficaban con bandas antagónicas. Los torturaron, desnucaron, les prendieron fuego a sus cuerpos con diésel y los trituraron.

En Papantla, los policías estatales subordinados del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, repitieron el delito de desaparición forzada el 19 de marzo de este año.

Luis Humberto Morales de 18 años, Alberto Uriel Pérez Cruz de 19 y Jesús Alán Ticante Olmedo de 24 años fueron desaparecidos por uniformados de la SSP.

Por ese caso la Fiscalía General del Estado capturó a ocho policías que confesaron su participación en los hechos y la entrega de los jóvenes a un grupo delincuencial.

2. ASESINATOS POR ERROR. Incapacidad policial. A la media noche del lunes 13 de junio, policías municipales de Martínez de la Torre balearon “por error” una camioneta en la que viajaba una familia, mataron a la madre e hijo, además de herir a otra persona.

La mujer víctima de los policías, Axahirim López Ronquillo, conducía el vehículo de modelo atrasado. Su hijo, apenas mayor de edad, Ricardo Zarro López, murió en el sitio.

Ambos, junto con cuatro integrantes más de la familia, regresaban de una comunidad poblana a la que habían asistido a una competencia de jinetes. Pero en la carretera los interceptaron efectivos policiales y los “confundieron” con otra camioneta que perseguían.

Por esos hechos fueron detenidos tres policías acusados de los delitos de homicidio doloso calificado en agravio de dos personas y tentativa de homicidio contra cuatro más.

Apenas la noche del jueves 23 de junio, uniformados de la SSP cometieron un hecho parecido en la colonia Carolino Anaya de Xalapa.

Elementos estatales allanaron una vivienda para sacar a tres personas a las que les dispararon de manera franca después de perseguirlos por calles aledañas porque les gritaron “putos” desde un vehículo que tripulaban.

Una comunicación oficial del gobierno de Veracruz “aclaró” —con carga discursiva para desmentir— que los uniformados “respondieron la agresión de tres individuos que atacaron con un arma blanca a los oficiales”.

El comunicado refiere que “los uniformados le marcaron el alto a los tripulantes de un vehículo (…), los individuos se negaron a detenerse hasta llegar a su domicilio (…) donde descendieron del vehículo y utilizando un machete intentaron agredir a los oficiales.

“Debido a lo anterior, los elementos realizaron detonaciones para proteger su integridad, resultando heridas tres personas, dos en las pantorrillas y el tercero en la cintura (…)”.

Muchas detonaciones para un machete.

3. EL FRACASO DE BERMÚDEZ. Policías sin certificación. Si la policía de Arturo Bermúdez comete desaparición forzada y “errores” operativos es, acaso, por el fracasado control de confianza de los cuerpos policiacos veracruzanos.

No porque lo diga la opinión pública sino por los datos duros de la organización Causa en Común —en permanente enfrentamiento con el gobernador Javier Duarte por sus “cifras alegres” en esa materia—.

De acuerdo al seguimiento mensual del avance de control de confianza de las Secretarías de Seguridad Pública u homólogos que realiza esa ONG (con fecha de corte al 30 de abril de 2016), Veracruz es la tercera entidad con mayor porcentaje de policías no aprobados que siguen en activo con 29.50 por ciento, aunque en términos absolutos es el primer estado con mil 880 elementos en esa condición.

Es decir, aunque el gobierno de Veracruz presuma que el 99.97 por ciento de sus policías (6 mil 370) han sido evaluados en control de confianza, casi el 30 por ciento de éstos no lograron la acreditación y siguen activos en las corporaciones.

De ahí que hechos como el de Tierra Blanca, Papantla, Martínez de la Torre y Xalapa seguirán con réplicas hasta el final del sexenio.

Lo que pasa en la entidad es como una fiesta delincuencial con disfraz de policías.