Alto Lucero: criminales se apoderan de producción lechera

Cuando el 1 de enero de 2014 Félix Manuel Domínguez Lagunes asumió la Presidencia municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios no imaginó la jornada violenta que sufriría ese sitio la tarde del viernes 19 de agosto pasado.

Desde aquel día prometió a los alteños “Transformación y desarrollo para ti”, una serie de compromisos que quedaron plasmados en su Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2014-2017 entregado a la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura.

Durante su campaña, el priista —de profesión médico veterinario zootecnista— realizó un diagnóstico de seguridad pública en ese municipio.

En su PMD reconoció la urgencia de emprender acciones para disminuir los niveles de inseguridad.

Como alcalde instrumentó el programa Habitante Seguro, estrategia con la que se profesionalizaría a la Policía Municipal, se diseñaría un modelo de vigilancia y patrullaje para reducir los tiempos de respuesta ante llamados de emergencia y denuncias ciudadanas.

Además —de acuerdo con el documento rector de su gobierno— Félix Manuel Domínguez Lagunes anticipó al iniciar su administración que gestionaría los esquemas de cooperación con los cuerpos policiales de los niveles de gobierno estatal y federal “para sumar fuerzas en el combate a la delincuencia”.

Páginas consultadas del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017

El viernes anterior nada de lo prometido por el priista ocurrió. Pasadas las 16:00 horas irrumpió un convoy de sujetos armados en Alto Lucero —cuya cifra es inexacta aún— a bordo de por lo menos 12 vehículos.

Los pobladores advirtieron de su presencia en tres localidades, La Báscula, Ojital y El Limón, de donde fueron privados de la libertad siete hombres y una mujer.

 

Demorada acción de las fuerzas de seguridad

 

La Báscula, Ojital y El Limón son tres de las 138 localidades pertenecientes al municipio Alto Lucero de Gutiérrez Barrios.

Cada una de éstas están enclavadas en la región montañosa central del estado. Limitan con los municipios Juchique de Ferrer, Vega de Alatorre, Palma Sola, Actopan, Naolinco, Tepetlán y Chiconquiaco.

De ahí que la captura de los responsables no fue inmediata sino hasta 24 horas después, cuando sólo siete —algunas crónicas periodísticas refieren hasta 50 hombres— de los que participaron en los crímenes del viernes intentaban salir de esa zona.

La vigilancia y patrullaje de la Policía Municipal de Alto Lucero está prácticamente reducida a la cabecera municipal.

Los primeros elementos de seguridad arribaron a El Limón, el último de los lugares en los que los criminales cometieron los “levantones”, al menos 90 minutos después.

Entre la comunidad El Limón y el sitio en el que las fuerzas armadas y de la Secretaría de Seguridad Pública hallaron los cuerpos, conocido como Mesa de Veinticuatro, hay alrededor de 6 kilómetros de distancia.

El grupo criminal abandonó ahí a las personas ejecutadas y huyó hacia la carretera federal costera 180 que conecta con Laguna Verde y Palma Sola.

Las rutas de los criminales

Por la orografía del municipio —apenas tres localidades son urbanas y el resto rurales— ningún operativo castrense ni policial permitiría la captura de los criminales.

 

Productores lecheros alteños, ahorcados por extorsiones

 

En los últimos años la producción lechera en Alto Lucero y sus comunidades floreció con los beneficios de programas federales de Liconsa, al mismo tiempo en que esa actividad se vio amenazada por las extorsiones del crimen organizado.

A 19 kilómetros de ahí, en Palma Sola se ubica un centro de acopio de la Dirección de Producción de esa dependencia federal que mantiene a 126 productores organizados e independientes en su Registro Nacional de Productores de Leche (RNPL).

De acuerdo con la base de datos de la Subdirección de Maquila y Compra de Leche Nacional de Liconsa —cuya reserva de la identidad de beneficiarios mantenemos por seguridad—, entre los más beneficiados figuran los productores de Mesa de Veinticuatro y El Limón.

Víctimas de criminales productores de leche

Testimonios de pobladores de Alto Lucero aseguran que entre las ocho víctimas del viernes había algunos productores de leche y queso.

En las fotografías divulgadas en medios de comunicación se ven a las víctimas con calzado y vestimenta utilizada para esa actividad.

Captura de pantalla 2016-08-21 a las 20.01.19

Poderes opacos; transparencia en riesgo

Tan amigos, Javier Duarte y Roberto Borge, gobernadores de Veracruz y Quintana Roo, al final de sus sexenios enseñan reticencia a la rendición de cuentas con artimañas jurídicas que complican el acceso a la información pública.

Vaya casos de ambos priistas. El 29 de julio pasado el mandatario quintanarroense publicó en el Periódico Oficial del Estado la extinción de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo de esa entidad.

Según aquel gobierno, el órgano descentralizado no desapareció sino que se transfirió a la Secretaría de la Gestión Pública como una Coordinación, conforme lo mandata la nueva Ley General de Transparencia.

Detrás de esa decisión del gobierno de Roberto Borge hay —al menos— muchas sospechas de opacidad, sobre todo cuando en el último tramo de su administración intenta de todo para blindarse por los actos de corrupción de los que se le acusa.

Para contextualizar habría que recordar las revelaciones periodísticas de julio pasado del Grupo Expansión, en alianza con Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, sobre el saqueo de bienes institucionalizado en Quintana Roo.

Lo mismo ocurre en Veracruz, en donde los poderes Ejecutivo y Legislativo asoman su marcado interés por detener la transparencia en la administración pública.

El Legislativo porque, además de aprobar con retraso la armonización de la ley estatal en esa materia, lo hicieron con 70 modificaciones a la iniciativa original consensuada entre el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Pero no sólo eso, sino que además contravinieron a la Ley General de Transparencia en algunos aspectos, como la reserva de información sobre auditorías oficiales, lo que la pondría en la antesala de una acción de inconstitucionalidad promovida por el propio INAI.

En el Ejecutivo también cargan con el mismo interés por rezagar la rendición de cuentas, pues el remedo de ley aprobada desde el 26 de mayo no ha sido publicada en la Gaceta Oficial del Estado.

Cosa aparte es el congelamiento del procedimiento para elegir a uno de los comisionados del IVAI, cargo vacante con la salida de Fernando Aguilera de Hombre del Consejo General.

Desde el mismo 23 de junio pasado, un día después de vencerse el plazo de registro de aspirantes al IVAI, la Junta de Coordinación Política del Congreso local tendría cinco días naturales para revisar la documentación de los aspirantes a deliberar y elaborar un dictamen con la propuesta de la persona a ocupar el cargo mediante la aprobación, por mayoría calificada, condición que no ha ocurrido.

Por estos días, tanto la publicación de la nueva Ley de Transparencia de Veracruz como la designación del comisionado reposan en la congeladora de ambos poderes.

Rezagan la transparencia, dañan al IVAI, condicionan la rendición de cuentas y convierten a los ciudadanos en enclenques sujetos entusiasmados por exigirle cuentas a sus gobiernos.

Solicitud
Poder Ejecutivo, opacidad con recurrencia.

Encima de todo hostigan a quienes asumen el intento de ciudadanizar a las instituciones, como a una de las aspirantes a comisionada, la periodista Naldy Patricia Rodríguez, quien por los flancos del Ejecutivo y el Legislativo recibe presiones para frenar sus colaboraciones en medios locales y desistirse de participar.

Para profundizar en el tema de la transparencia y acceso a la información hemos preparado un par de entrevistas que puedes consultar en el sitio de www.marcha.com.mx.

¿Con qué cara, verdad Javier?

Javier Duarte de Ochoa - Acto de basificación de empleados del poder ejecutivo (3)
Javier Duarte. (Foto: Eduardo Martínez)

Muchos lo escuchamos el martes muy temprano. Cuando el periodista de Radio Fórmula Ciro Gómez Leyva leía su teaser de noticias anunció que tendría en el estudio al gobernador de Veracruz Javier Duarte.

Decir que escucharlo causaba interés sería muy pretencioso; más bien el morbo llevó a más de uno a mantenerse en la frecuencia de “Por la mañana”.

Rondaban las 8:10 de la mañana cuando el mandatario veracruzano reaparecía en una entrevista formal —no de banqueta ni en lecturas de mensajes sin preguntas ni respuestas— con un medio de comunicación y con un periodista más o menos incómodo (cuando quiere).

Presumió la pérdida de 34 kilogramos, nada extraño porque en cada acto lo saca a la palestra como si se tratara de su más grande logro de gobierno.

Lo que después ocurrió fue pura verborrea, mentiras, débiles argumentos.

En la mesa con Ciro Gómez Leyva dijo que no tiene bienes en el extranjero, ni él ni su esposa Karime Macías, ni siquiera en The Woodlands, Texas, como demostró con pruebas documentales el periódico El Financiero.

Negó que él —de forma mañosa— hubiera permitido la operación de las 26 empresas fantasma que establecieron contratos con su gobierno, mediante las cuales desviaron 645 millones de pesos (revelaciones del trabajo periodístico espléndido divulgado en mayo por el sitio animalpolitico.com en alianza con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad).

Acusó al excandidato del PRI a la gubernatura de Veracruz, Héctor Yunes Landa, de ser el único responsable de la derrota electoral del 5 de junio.

Al final asomó un gesto honesto con el periodista: sí sabía de las propiedades millonarias y empresas (todas empadronadas en el gobierno del estado) de su exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, al que aún después de las revelaciones del sitio aristeguinoticias.com calificó como un “hombre honorable”.

Al escucharlo recordé sus declaraciones cinco días antes a la prensa de esta ciudad a la que aseguró “no sabía” de la fortuna de Bermúdez.

Cuando le escribí a un amigo periodista de la Ciudad de México y pregunté si escuchaba la entrevista a Duarte me respondió que no.

Le pedí que me diera su opinión —casi siempre atinada— de por qué en este momento el gobernador de Veracruz se ve envalentonado; por qué ha denunciado al gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares en la PGR; si es por ocurrencia o por algún tipo de coacheo desde Los Pinos y si sería un gesto de que ni el Presidente ni su partido lo castigarán.

Recibí una respuesta contundente vía mensaje instantáneo: una sola frase “con qué cara” y una captura de pantalla del sitio web del influyente periódico británico The Guardian en la que se leía el encabezado “Mexican first lady’s Florida home owned by potential government contractor” sobre una fotografía en la que Peña camina del brazo de su esposa Angélica Rivera.

Si con el Presidente de México no ocurrió nada después de la investigación periodística de “La casa blanca de Peña” de noviembre de 2014, pues nada pasará con el gobernador veracruzano y tal vez tampoco con su círculo cercano que ha encontrado impunidad.

¿Con qué cara te castigarían, verdad Javier?

THEGUARDIAN
The Guardian. Peña y Rivera.

Duarte, “a chillidos de marrano…”

Si el último speech del presidente de la República Enrique Peña Nieto no tiene repercusiones en Veracruz, entonces el gobernador Javier Duarte enseñará su habilidad con aquella conseja popular de que “a chillidos de marrano, oídos de carnicero”.

Apenas al mediodía de este lunes el mandatario mexicano promulgó las leyes que regulan el Sistema Nacional Anticorrupción impulsado desde el inicio del sexenio.

Desde Palacio Nacional lanzó un mea culpa en su discurso por la compra de la llamada Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec a un contratistas de su gobierno:

“Este asunto me reafirmó que los servidores públicos además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos, y en esto, reconozco que cometí un error.

“No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la indignación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso con toda humildad les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio e indignación que les causé.

“Cada día a partir de ello estoy más convencido y decidido a combatir la corrupción”, expresó Peña Nieto.

El mensaje presidencial llega justo el día en el que el periódico El Financiero divulga la información titulada “Prepara Duarte su mansión en Houston, Texas”.

La noticia firmada por Mario Carbonell detalla la adquisición del matrimonio Duarte Macías de una propiedad en el exclusivo Woodlands Country Club, en aquel estado de la Unión Americana.

“… tiene dos nuevos miembros distinguidos. Se trata de Javier Duarte de Ochoa, gobernador saliente de Veracruz, y su esposa, Karime Macías.

“Duarte, quien está a tres meses y medio de dejar el poder en medio de acusaciones de enriquecimiento ilícito y amenazas de que será llevado a prisión, figura en la lista de cinco nuevos propietarios de una membresía en este exclusivo club. Así lo muestra la revista interna del Woodlands Country Club —a la que El Financiero tuvo acceso—, en cuya edición de julio da la “Bienvenida” a los veracruzanos, junto con los matrimonio Chandler, Linden y Nash”, revela la información.

Woodlands
The Woodlands. (Foto tomada de El Financiero)

El costo de un inmueble dentro de Woodlands en Houston, Texas, va de los 400 mil dólares hasta los 3.5 millones de dólares.

Tal vez también te interese leer en este blog: El loco rompecabezas de los Duarte Macías

Ipso facto el gobernador Duarte rechazó tener propiedades en el extranjero. Lo hizo con cuatro tuits desde su cuenta personal, en uno de los cuales se lee:

“He sido reiterativo y lo vuelvo a ser, ni mi esposa ni yo tenemos propiedad alguna en el extranjero, no tengo ni he tenido prestanombres. La única propiedad que he comprado con el dinero ganado por mi salario es una acción en un club deportivo, quien diga lo contrario miente”.

Como prueba de descargo acompañó otro tuit con documentos en el que se leía que “En 12 años de servidor público ésta es mi única inversión; anexo copia de la transferencia de mi cuenta de nómina”.

La defensa mediática de Javier Duarte en realidad no lo exime de los señalamientos de corrupto ni de la misma compra del inmueble en Woodlands Country Club; por el contrario, se exhibe como un político opaco, alejado de la transparencia, rendición de cuentas y aficionado de la impunidad.

Y es que la copia de la transferencia bancaria —realizada a través de Banorte— esconde montos, tipo de cambio y el equivalente en moneda nacional.

Pero cómo exigirle más a un político como Javier Duarte cuando sigue sin presentar su #3de3, una iniciativa que busca reconstruir la confianza ciudadana a través del compromiso y transformación de la clase política mexicana.

El gobernador veracruzano mantiene renuencia a hacer pública su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Tan es así que en el sitio web tresdetres.mx existe un link para exigirle que sea un funcionario transparente como seis gobernadores priistas, tres panistas, dos perredistas y el mismo independiente Jaime “El Bronco” Rodríguez Calderón que han atendido esa iniciativa.

Son muchos los veracruzanos que manifestaron con su voto el 5 de junio que desean que el “perdón” ofrecido por el Presidente tenga alcances en cada una de las entidades, particularmente en las que gobiernan sus correligionarios priistas.

Javier Duarte tendría que emular a Peña Nieto, o al menos poner sus barbas a remojar, pues con la promulgación de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción y la de Responsabilidades Administrativas, ahora sí el gobierno federal está en condiciones de comenzar a lavarse la cara y atrapar a uno que otro gordo pez para recomponer el escenario electoral del 2018.

Israel Roldán | Twitter: @israel_roldan | FB: Israel Roldán

Puedes verificar algunos de los documentos consultados para elaborar este artículo en los links:

Iniciativa #3de3 caso gobernadores