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Así lo escribió J.M. Pasado en la columna Nada Personal que publica el periódico MARCHA en su página 3:

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En el Veracruz que “ya cambió” permea una doctrina de complicidades que impide algunas libertades y limita otros derechos inalienables.

El sistema, sus instituciones, son el símil de los eslabones que forman una cadena que ata las legítimas exigencias ciudadanas y de los sectores productivos.

La evaluación docente que se realizó el fin de semana ha exhibido —una vez más— al sistema represor que han consolidado los poderosos de Veracruz.

No es sólo el actual gobierno o un solo hombre como Javier Duarte. Hablo de los exgobernadores, de exservidores públicos, de familias con altísimos intereses y capacidades económicas. También de medios de comunicación, sus dueños y periodistas, de todos aquellos tomadores de decisiones a los que importa nada el bien común.

Hablo por lo menos —insisto, por lo menos— de cinco sexenios atrás. El de Fernando Gutiérrez Barrios (1986-1988). Entre los priistas lo recuerdan como el Hombre Leyenda. Prefieren ese renombre que llamarlo el gran mal policía. Hizo carrera dentro del Ejército Mexicano, se colocó al frente de la Dirección Federal de Seguridad, el organismo represor del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Espía y perseguidor era su perfil que impuso en esos años en Veracruz

Su relevo, Dante Alfonso Delgado Rannauro (1988-1992), permitió el primer gran saqueo de Veracruz. Las familias ricas se hicieron más ricas. A las más pobres las hicieron más imbéciles con engaños, tomadas de pelo con obras “fantasma” y programas asistenciales que nunca funcionaron. Dante y otros colaboradores, entre ellos Porfirio Serrano Amador, pisaron la cárcel pero no por mucho tiempo.

La doctrina de complicidades avanzó en el sexenio de Patricio Chirinos Calero (1992-1998), el gobernador impuesto del presidente Carlos Salinas. Chirinos no quería gobernar Veracruz, por eso dio rienda suelta al secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares. El perfil más cercano del ahora panista lo vino a sacudir Andrés Manuel López Obrador, el jueves durante una gira por el municipio de Coatzintla. Fueron seis años, en serio terribles, de espionaje, represión y persecución en contra de las organizaciones de oposición, particularmente contra los movimientos de izquierda.

Vino el sexenio de Miguel Alemán Velazco (1998-2004). El gobierno aburguesado vendió espejitos a los veracruzanos. Pero se llevó todo. En las últimas semanas de aquella administración endeudó al estado con 3,500 millones de pesos. Nadie, uno solo de los alemanistas, vive austeramente. Gozan de fortunas cuidadas por el débil sistema de justicia. Ninguno acabó en la cárcel.

De los últimos dos sexenios, el de Fidel Herrera (2004-2010) y el actual de Javier Duarte, no puede hablarse por separado porque no son tan distintos. Es más, operan los mismos pero en versiones ampliadas: son más ladrones, cundidos de cinismo, represores.

El gobierno de ahora es el último eslabón que está por cerrar esa inmensa cadena de complicidades con origen de muchos años atrás.

En ese último eslabón llevan amplia carga los poderes Legislativo y Judicial, siempre a modo del Ejecutivo; una Fiscalía General de Justicia con supuesta autonomía, de puro decoro, que no castiga a nadie salvo a los débiles y chivos expiatorios.

Igualmente los organismos como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que para nada sirve, o la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas que no ha pasado de ser una carga financiera para el estado. La misma Universidad Veracruzana, cuya rectora Sara Ladrón de Guevara un día es guerrera en el reclamo de los recursos que adeuda el estado a la máxima casa de estudios y al otro es doblegada por alusiones y piropos en el V Informe de Gobierno.

Son cómplices también los elementos policiacos que integran el aparato de seguridad del estado, los estatales, los de la Fuerza Civil, los de la Policía Vial, y todos los demás, porque no entienden que no es a macanazos como llega el orden.

Además, los medios que no democratizan sus páginas, que no ajustan sus códigos deontológicos, que no diversifican sus coberturas ni sus criterios editoriales.

Acá no hay que olvidar tampoco a los barones del dinero que se agrupan en cámaras empresariales, asociaciones y organismos que solamente protestan cuando las malas decisiones del gobierno alcanzan sus intereses económicos.

Algo tiene que ocurrir con Veracruz. La alternancia puede ser una alternativa pero no es la única ni la garantía de que las cosas se recompondrán.

Quizá la opción sea más simple: encontrar nuevos hombres que conduzcan a las instituciones, sin olvidar castigar de forma ejemplar a aquellos que ordenan a policías y encubiertos golpear a maestros opositores, transeúntes y reporteros.