Javier Duarte pende de alfileres en el gobierno que con dificultad lo mantendrán impávido ante el tsunami político que parece lo terminará por hundir en el último tramo del sexenio.
El pasado jueves 7 de julio, mientras el líder nacional del PAN Ricardo Anaya y el gobernador electo de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares exigían al presidente Enrique Peña su intervención para frenar el “kit de impunidad” de su correligionario priista, algo más ocurrió en Campeche.
Casi de manera simultánea a la conferencia de prensa de los panistas celebrada en la Ciudad de México, en Campeche la procuradora general de la República Arely Gómez González y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong inauguraban la XXXV Asamblea Plenaria de la Confederación Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ).
En la antesala del encuentro con los encargados de la procuración de justicia en el país, Arely Gómez y Osorio Chong (enviado en representación de Peña) sostuvieron una breve interpelación ―de acuerdo a fuentes consultadas― con los presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores, Jesús Zambrano Grijalva del PRD y Roberto Gil Zuarth del PAN, respectivamente, sobre la condición de ingobernabilidad en Veracruz y el desenfreno de Javier Duarte por querer imponer a personajes de su primer círculo como magistrados de la Sala Especializada en materia de Anticorrupción y el resto de reformas planteadas al Poder Legislativo local para blindarse desde el primer día que deje de gobernar.
Ambos líderes de las cámaras hicieron réplica a la exigencia de Anaya ―que había anticipado buscaría a Osorio Chong― con positiva respuesta.
Casi de manera inmediata, durante la misma apertura de los trabajos de la plenaria, la Procuradora General de la República lanzó un discurso con algunas líneas casi con dedicatoria y con mucha carga de coerción que hicieron hundirse en su asiento al fiscal general del Estado Luis Ángel Bravo Contreras:
“Hoy tenemos la oportunidad de trabajar de manera conjunta para reparar los estragos que la delincuencia, la corrupción y la impunidad han dejado en la sociedad”, dijo Arely Gómez.
Pasaron apenas tres días de aquel encuentro en Campeche y de la exigencia de Ricardo Anaya, y vino el primer manotazo presidencial por la actuación de Javier Duarte.
En las últimas horas, desde la Residencia Oficial de Los Pinos, el vocero del Gobierno de la República Eduardo Sánchez Hernández y el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR Salvador Sandoval Silva anunciaron la promoción de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los congresos de Veracruz y Quintana Roo, y de sus gobernadores Javier Duarte y Roberto Borge, toda vez que sus reformas en materia anticorrupción se oponen a los lineamientos generales del Sistema Nacional Anticorrupción.
Lo que esto significa es que en Veracruz, al igual que en Quintana Roo, el titular del Ejecutivo intentó burlar la legalidad.
De acuerdo a Salvador Sandoval, sin la publicación de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción y la de Responsabilidades Administrativas, los estados carecen aún de facultades para crear su Sistema Local Anticorrupción.
Es decir, ni Javier Duarte ni el Congreso local están en condiciones de instituir la Sala Especializada Anticorrupción, dar nombramientos en juzgados en esa materia, designar Contralor General del Estado, proponer Fiscal Anticorrupción ni magistrados
El puntapié en Los Pinos y la acción de la PGR ya demostró que el PAN de Anaya, con el empuje de los líderes de las cámaras del Congreso de la Unión, puede sacudir a cualquiera, más aún si viene acompañado de una exigencia más, la del excandidato del PRI a la Gubernatura de Veracruz Héctor Yunes Landa, quien pidió a Duarte solicitar licencia definitiva e inmediata al cargo con el que “lastimó a Veracruz”.
“Palo dado, ni Dios lo quita” —reza la conseja popular—, o lo que es lo mismo para don Javier, manotazo dado, ni tuit lo quita, por aquello de sus mensajes en la red social sobre su exhorto a la Legislatura del Estado para “declarar desierta la convocatoria para nombrar al Fiscal Anticorrupción”.
Pizca de cizaña
… Que para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo. Silva más el de la PGR (Salvador Sandoval Silva, el que anunció la acción de inconstitucionalidad) que el de Veracruz.
Israel Roldán / Twitter: @israel_roldan / FB: Israel Roldán
