Duarte en la guarida de “Los Porkys”
Alto Lucero: criminales se apoderan de producción lechera
Cuando el 1 de enero de 2014 Félix Manuel Domínguez Lagunes asumió la Presidencia municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios no imaginó la jornada violenta que sufriría ese sitio la tarde del viernes 19 de agosto pasado.
Desde aquel día prometió a los alteños “Transformación y desarrollo para ti”, una serie de compromisos que quedaron plasmados en su Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2014-2017 entregado a la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura.
Durante su campaña, el priista —de profesión médico veterinario zootecnista— realizó un diagnóstico de seguridad pública en ese municipio.
En su PMD reconoció la urgencia de emprender acciones para disminuir los niveles de inseguridad.
Como alcalde instrumentó el programa Habitante Seguro, estrategia con la que se profesionalizaría a la Policía Municipal, se diseñaría un modelo de vigilancia y patrullaje para reducir los tiempos de respuesta ante llamados de emergencia y denuncias ciudadanas.
Además —de acuerdo con el documento rector de su gobierno— Félix Manuel Domínguez Lagunes anticipó al iniciar su administración que gestionaría los esquemas de cooperación con los cuerpos policiales de los niveles de gobierno estatal y federal “para sumar fuerzas en el combate a la delincuencia”.
Páginas consultadas del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017
El viernes anterior nada de lo prometido por el priista ocurrió. Pasadas las 16:00 horas irrumpió un convoy de sujetos armados en Alto Lucero —cuya cifra es inexacta aún— a bordo de por lo menos 12 vehículos.
Los pobladores advirtieron de su presencia en tres localidades, La Báscula, Ojital y El Limón, de donde fueron privados de la libertad siete hombres y una mujer.
Demorada acción de las fuerzas de seguridad
La Báscula, Ojital y El Limón son tres de las 138 localidades pertenecientes al municipio Alto Lucero de Gutiérrez Barrios.
Cada una de éstas están enclavadas en la región montañosa central del estado. Limitan con los municipios Juchique de Ferrer, Vega de Alatorre, Palma Sola, Actopan, Naolinco, Tepetlán y Chiconquiaco.
De ahí que la captura de los responsables no fue inmediata sino hasta 24 horas después, cuando sólo siete —algunas crónicas periodísticas refieren hasta 50 hombres— de los que participaron en los crímenes del viernes intentaban salir de esa zona.
La vigilancia y patrullaje de la Policía Municipal de Alto Lucero está prácticamente reducida a la cabecera municipal.
Los primeros elementos de seguridad arribaron a El Limón, el último de los lugares en los que los criminales cometieron los “levantones”, al menos 90 minutos después.
Entre la comunidad El Limón y el sitio en el que las fuerzas armadas y de la Secretaría de Seguridad Pública hallaron los cuerpos, conocido como Mesa de Veinticuatro, hay alrededor de 6 kilómetros de distancia.
El grupo criminal abandonó ahí a las personas ejecutadas y huyó hacia la carretera federal costera 180 que conecta con Laguna Verde y Palma Sola.
Por la orografía del municipio —apenas tres localidades son urbanas y el resto rurales— ningún operativo castrense ni policial permitiría la captura de los criminales.
Productores lecheros alteños, ahorcados por extorsiones
En los últimos años la producción lechera en Alto Lucero y sus comunidades floreció con los beneficios de programas federales de Liconsa, al mismo tiempo en que esa actividad se vio amenazada por las extorsiones del crimen organizado.
A 19 kilómetros de ahí, en Palma Sola se ubica un centro de acopio de la Dirección de Producción de esa dependencia federal que mantiene a 126 productores organizados e independientes en su Registro Nacional de Productores de Leche (RNPL).
De acuerdo con la base de datos de la Subdirección de Maquila y Compra de Leche Nacional de Liconsa —cuya reserva de la identidad de beneficiarios mantenemos por seguridad—, entre los más beneficiados figuran los productores de Mesa de Veinticuatro y El Limón.
Víctimas de criminales productores de leche
Testimonios de pobladores de Alto Lucero aseguran que entre las ocho víctimas del viernes había algunos productores de leche y queso.
En las fotografías divulgadas en medios de comunicación se ven a las víctimas con calzado y vestimenta utilizada para esa actividad.
Duarte con la soga al cuello
Javier Duarte pende de alfileres en el gobierno que con dificultad lo mantendrán impávido ante el tsunami político que parece lo terminará por hundir en el último tramo del sexenio.
El pasado jueves 7 de julio, mientras el líder nacional del PAN Ricardo Anaya y el gobernador electo de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares exigían al presidente Enrique Peña su intervención para frenar el “kit de impunidad” de su correligionario priista, algo más ocurrió en Campeche.
Casi de manera simultánea a la conferencia de prensa de los panistas celebrada en la Ciudad de México, en Campeche la procuradora general de la República Arely Gómez González y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong inauguraban la XXXV Asamblea Plenaria de la Confederación Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ).
En la antesala del encuentro con los encargados de la procuración de justicia en el país, Arely Gómez y Osorio Chong (enviado en representación de Peña) sostuvieron una breve interpelación ―de acuerdo a fuentes consultadas― con los presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores, Jesús Zambrano Grijalva del PRD y Roberto Gil Zuarth del PAN, respectivamente, sobre la condición de ingobernabilidad en Veracruz y el desenfreno de Javier Duarte por querer imponer a personajes de su primer círculo como magistrados de la Sala Especializada en materia de Anticorrupción y el resto de reformas planteadas al Poder Legislativo local para blindarse desde el primer día que deje de gobernar.
Ambos líderes de las cámaras hicieron réplica a la exigencia de Anaya ―que había anticipado buscaría a Osorio Chong― con positiva respuesta.
Casi de manera inmediata, durante la misma apertura de los trabajos de la plenaria, la Procuradora General de la República lanzó un discurso con algunas líneas casi con dedicatoria y con mucha carga de coerción que hicieron hundirse en su asiento al fiscal general del Estado Luis Ángel Bravo Contreras:
“Hoy tenemos la oportunidad de trabajar de manera conjunta para reparar los estragos que la delincuencia, la corrupción y la impunidad han dejado en la sociedad”, dijo Arely Gómez.
Pasaron apenas tres días de aquel encuentro en Campeche y de la exigencia de Ricardo Anaya, y vino el primer manotazo presidencial por la actuación de Javier Duarte.
En las últimas horas, desde la Residencia Oficial de Los Pinos, el vocero del Gobierno de la República Eduardo Sánchez Hernández y el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR Salvador Sandoval Silva anunciaron la promoción de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los congresos de Veracruz y Quintana Roo, y de sus gobernadores Javier Duarte y Roberto Borge, toda vez que sus reformas en materia anticorrupción se oponen a los lineamientos generales del Sistema Nacional Anticorrupción.
Lo que esto significa es que en Veracruz, al igual que en Quintana Roo, el titular del Ejecutivo intentó burlar la legalidad.
De acuerdo a Salvador Sandoval, sin la publicación de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción y la de Responsabilidades Administrativas, los estados carecen aún de facultades para crear su Sistema Local Anticorrupción.
Es decir, ni Javier Duarte ni el Congreso local están en condiciones de instituir la Sala Especializada Anticorrupción, dar nombramientos en juzgados en esa materia, designar Contralor General del Estado, proponer Fiscal Anticorrupción ni magistrados
El puntapié en Los Pinos y la acción de la PGR ya demostró que el PAN de Anaya, con el empuje de los líderes de las cámaras del Congreso de la Unión, puede sacudir a cualquiera, más aún si viene acompañado de una exigencia más, la del excandidato del PRI a la Gubernatura de Veracruz Héctor Yunes Landa, quien pidió a Duarte solicitar licencia definitiva e inmediata al cargo con el que “lastimó a Veracruz”.
“Palo dado, ni Dios lo quita” —reza la conseja popular—, o lo que es lo mismo para don Javier, manotazo dado, ni tuit lo quita, por aquello de sus mensajes en la red social sobre su exhorto a la Legislatura del Estado para “declarar desierta la convocatoria para nombrar al Fiscal Anticorrupción”.
Pizca de cizaña
… Que para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo. Silva más el de la PGR (Salvador Sandoval Silva, el que anunció la acción de inconstitucionalidad) que el de Veracruz.
Israel Roldán / Twitter: @israel_roldan / FB: Israel Roldán
Duarte enfada a Bucarelli
El crimen de José de Jesús Jiménez Gaona, integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, perpetrado el pasado miércoles 22 de junio en Poza Rica, provocó otra rabieta en las altas esferas de la Secretaría de Gobernación contra el gobierno de Veracruz.
José de Jesús fue victimado a balazos cuando conducía su vehículo sobre el bulevar Lázaro Cárdenas de esa ciudad, acompañado por su esposa Francisca Vázquez Mendoza, quien permanece internada en el Hospital de Zona de Petróleos Mexicanos (Pemex) a causa de los tres disparos que recibió.
Ambos se habían integrado hace un mes aproximadamente a la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, aunque desde el 2011 realizaban esas labores con la organización Búsqueda de Familiares María Herrera AC de Poza Rica.
Su activismo inició ese mismo año cuando desapareció su hija de 23 años.
La rabieta ocurrió esa misma noche en el despacho de Bucarelli # 99, el del subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, cuando los sistemas de información alertaron al gobierno federal del asesinato en la víspera de un encuentro que integrantes de la Brigada, entre ellos José de Jesús Jiménez, sostendrían con él.
Siete días previos, el 15 de junio, el mismo funcionario federal se reunió con colectivos y representantes de familiares de desaparecidos en la ciudad de Veracruz, acto al que asistió José de Jesús Jiménez en su condición de portavoz de la organización Búsqueda de Familiares María Herrera A.C.
Ahí, Campa Cifrián acordó con el fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, que los gobiernos federal y estatal darían atención a las víctimas, además de procurar la inmediata búsqueda e investigación de los casos de los desaparecidos en Veracruz.
José de Jesús anticipó en ese encuentro que la Brigada iniciaría la búsqueda de fosas clandestinas en Poza Rica, “hallaran lo que hallaran”.
Ese reto fue como el anuncio público de su pronta muerte, por lo que en el despacho de Campa Cifrián no acaban de entender por qué la Fiscalía de Veracruz no garantizó medidas cautelares para Jiménez Gaona y su esposa Francisca Vázquez.
El sábado 25 de junio ocurrió un hecho que se ofuscó —por la estridencia de las denuncias por corrupción del duartismo y los temas poselectorales— pero que no debe verse como algo menor: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el asesinato del integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Veracruz.
Al día siguiente envió personal para brindar apoyo y acompañamiento a las víctimas, quienes manifestaron temor por la posible réplica de crímenes contra activistas.
Pero no sólo eso, sino que por canales informales la CNDH recomendó a la Fiscalía General del Estado —y al resto de las autoridades veracruzanas— rechazar este tipo de ataques, investigar y sancionar a los responsables.
No hay que perder de vista un hecho —sobre todo aquellos a los que entusiasma el “sospechosismo”—: en 2006 Roberto Campa Cifrián se convirtió en candidato a la Presidencia de la República del Partido Nueva Alianza (Panal) de la entonces poderosa lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales, quien tenía entre sus cercanos colaboradores al ahora gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
La rabieta de Campa por ese acto criminal podría alcanzar matices políticos.
— Comunicado CNDH íntegro —
Israel Roldán
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