El dinero que Duarte echó a la cesta de basura
UV gastó 277 mil pesos en sitio web en meses de crisis
Poderes opacos; transparencia en riesgo
Tan amigos, Javier Duarte y Roberto Borge, gobernadores de Veracruz y Quintana Roo, al final de sus sexenios enseñan reticencia a la rendición de cuentas con artimañas jurídicas que complican el acceso a la información pública.
Vaya casos de ambos priistas. El 29 de julio pasado el mandatario quintanarroense publicó en el Periódico Oficial del Estado la extinción de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo de esa entidad.
Según aquel gobierno, el órgano descentralizado no desapareció sino que se transfirió a la Secretaría de la Gestión Pública como una Coordinación, conforme lo mandata la nueva Ley General de Transparencia.
Detrás de esa decisión del gobierno de Roberto Borge hay —al menos— muchas sospechas de opacidad, sobre todo cuando en el último tramo de su administración intenta de todo para blindarse por los actos de corrupción de los que se le acusa.
Para contextualizar habría que recordar las revelaciones periodísticas de julio pasado del Grupo Expansión, en alianza con Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, sobre el saqueo de bienes institucionalizado en Quintana Roo.
Lo mismo ocurre en Veracruz, en donde los poderes Ejecutivo y Legislativo asoman su marcado interés por detener la transparencia en la administración pública.
El Legislativo porque, además de aprobar con retraso la armonización de la ley estatal en esa materia, lo hicieron con 70 modificaciones a la iniciativa original consensuada entre el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Pero no sólo eso, sino que además contravinieron a la Ley General de Transparencia en algunos aspectos, como la reserva de información sobre auditorías oficiales, lo que la pondría en la antesala de una acción de inconstitucionalidad promovida por el propio INAI.
En el Ejecutivo también cargan con el mismo interés por rezagar la rendición de cuentas, pues el remedo de ley aprobada desde el 26 de mayo no ha sido publicada en la Gaceta Oficial del Estado.
Cosa aparte es el congelamiento del procedimiento para elegir a uno de los comisionados del IVAI, cargo vacante con la salida de Fernando Aguilera de Hombre del Consejo General.
Desde el mismo 23 de junio pasado, un día después de vencerse el plazo de registro de aspirantes al IVAI, la Junta de Coordinación Política del Congreso local tendría cinco días naturales para revisar la documentación de los aspirantes a deliberar y elaborar un dictamen con la propuesta de la persona a ocupar el cargo mediante la aprobación, por mayoría calificada, condición que no ha ocurrido.
Por estos días, tanto la publicación de la nueva Ley de Transparencia de Veracruz como la designación del comisionado reposan en la congeladora de ambos poderes.
Rezagan la transparencia, dañan al IVAI, condicionan la rendición de cuentas y convierten a los ciudadanos en enclenques sujetos entusiasmados por exigirle cuentas a sus gobiernos.
Encima de todo hostigan a quienes asumen el intento de ciudadanizar a las instituciones, como a una de las aspirantes a comisionada, la periodista Naldy Patricia Rodríguez, quien por los flancos del Ejecutivo y el Legislativo recibe presiones para frenar sus colaboraciones en medios locales y desistirse de participar.
Para profundizar en el tema de la transparencia y acceso a la información hemos preparado un par de entrevistas que puedes consultar en el sitio de www.marcha.com.mx.
El loco rompecabezas de los Duarte Macías
Cada jueves durante un tramo amplio del sexenio de Javier Duarte, su esposa Karime Macías firmaba un ocurrente texto que la Coordinación General de Comunicación Social divulgaba como una columna titulada Casa Veracruz.
En la entrega del 31 de julio del 2014, la presidenta del Patronato del DIF estatal publicó “Rompecabezas” que iniciaba así:
“Tenemos un pequeño proyecto en casa estas vacaciones. He comprado un rompecabezas de quinientas cincuenta piezas lo suficientemente complicado para hacerle honor al nombre. La escena es una pequeña y divertida función de ópera con una loca orquesta sinfónica. ¡Muy parecida a la vida real!”.
La entradilla servía para correlacionar el entusiasmo que provocaba a sus hijos y familiares colocar una pieza más al rompecabezas con la alegría de los niños adoptados al abandonar la casa hogar…
Más allá de la anécdota contada en ese texto, habría que preguntarle a los Duarte Macías cómo ven la vida real —parafraseando a la señora Karime— que heredan a los veracruzanos. Y es que lo que pretenden al final del sexenio es cosa de locos.
Si algo distinto no ocurre, este jueves en el pleno del Congreso local los diputados del PRI y aliados aprobarán una parte del “kit de impunidad” que pretende el gobernador Javier Duarte.
La Junta de Coordinación Política de la Legislatura circuló desde este miércoles la propuesta del Ejecutivo para integrar la Sala Especializada en Combate a la Corrupción con una terna de personajes cercanos al mandatario durante el sexenio: Francisco Portilla Bonilla, Guadalupe Porras David y Alberto Tomasini Martínez.
También se anticipa que este mismo jueves, el Congreso del Estado anunciará la reposición del procedimiento para proponer al titular de la Fiscalía Anticorrupción, luego de que Portilla Bonilla declinara en un primer momento.
En la sesión además se votará la donación del predio denominado Casa Veracruz a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (Ceapp) y a la Comisión Estatal para la Atención Integral de Víctimas del Delito (Ceaivd).
De aprobarse la solicitud de Duarte, el gobierno cedería 6 mil metros cuadrados de Casa Veracruz a la CEDH.
Cada una de éstas pretensiones no tienen justificación si se revisan algunos números.
Por ejemplo, actualmente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz despacha en el edificio sito en la calle Felipe Carrillo Puerto número 21 de la Colonia Centro.
Ese inmueble tiene una superficie de mil 420 metros cuadrados (4 mil 580 menos de lo que tendría en Casa Veracruz), en donde labora un centenar de trabajadores. Para ocupar ese edificio la comisión eroga por concepto de renta mensual 51 mil 133.02 pesos IVA incluido, unos 613 mil 596.24 pesos anuales, que es apenas el 1.27 por ciento del presupuesto total que ejerce ese organismo público autónomo durante este año (48 millones de pesos).
¿En serio tiene sentido entregar Casa Veracruz? Muchos como el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares han dicho que no; también los vecinos de la Colonia Dos de Abril.
Tampoco deberían sacar adelante el resto del “kit de impunidad”.
Por eso si los diputados del Congreso local reconsideraran la enajenación de Casa Veracruz, tal vez muchos lanzarían “fanfarrias colectivas” como lo hacen los de la familia Duarte Macías cada vez que arman su rompecabezas.
Israel Roldán / Twitter: @israel_roldan / FB: Israel Roldán